A86C0AD3-80DC-4BBE-B21D-339491B5B53A.jpgLa creación de la provincia de Cartagena es, en este momento histórico, el único recurso de que disponemos para equilibrar el potencial económico y social de la Región de Murcia con el poder político que corresponde al mismo en el ámbito estatal.

Ni una palabra, a lo largo de la campaña electoral, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Y menos ayer, en el discurso institucional –¿institucional?– del presidente de la Asamblea; algo, por encima, se deslizó en las palabras del actual y futuro jefe del Gobierno, pero como una cosa más. La reforma de la norma básica que regula la autonomía murciana –la ‘constitución regional’–, es una de las primeras tareas para la legislatura que comienza, pero ha sido soslayada tanto en la campaña electoral como en el propio acto formal conmemorativo de los veinticinco años de existencia de esta Región.

Un cuarto de siglo después de la instauración de esta autonomía seguimos casi como entonces. La Región de Murcia es un producto derivado de aquella política del ‘café para todos: la necesidad de contentar a las ‘autonomías históricas’ –históricas por sus conquistas durante la etapa de la República– obligaba a una recomposición del Estado consistente en trasladar el modelo Cataluña/País Vasco/Galicia al conjunto de la nación pero, eso sí, dejando clara la distinción entre territorios de primera y de segunda en lo relativo a sus competencias políticas; distinción que, con el tiempo, y como no podía ser de otra manera, se ha traducido en discriminaciones flagrantes para los ciudadanos de un mismo país, en sus derechos, según su lugar de nacimiento; y en la recta final, en la instauración de un perversa mecánica de insolidaridad entre comunidades.

Si la conversión de la provincia de Murcia en Región uniprovincial fue en su día una decisión sobrevenida al amparo de un diseño estatal de mesa camilla en el que los murcianos éramos simples compañeros de viaje se nos otorgó la autonomía como se nos podía haber otorgado la residencia papal, el resultado es que estos veinticinco años, con sus luces y sombras según toca decir, no han estado nada mal. La Región de Murcia ha sido disciplinada y sumisa, ha colaborado desde la aceptación de un papel político subsidiario en la estructuración del Estado, y ha hecho titánicos esfuerzos con sus recursos propios –potencial social, humano y económico– para contribuir a que el país avance y para ir reequilibrando sus déficits con respecto a los ránkings nacionales, sobre todo en la última década.

Pero dado que en la vigente legislatura estatal las reglas de juego han sido cambiadas repentinamente y otra vez sin contar con las autonomías ‘de segunda’, tal vez llegue el momento de decir basta. Se impone una nueva reforma estatutaria a rebufo de las impulsadas en las ‘comunidades históricas’. La lectura es: ya que todos cambian sus estatutos, Murcia no debe ser menos. Ahora bien ¿qué hay que cambiar?. No debe ser algo muy importante cuando ni en la campaña electoral ni ayer mismo en el acto institucional se escucharon voces que inyectaran alguna enjundia a este proyecto de cambio, otra vez sobrevenido e inducido.

¿Ha llegado por fin la hora de que la Región de Murcia emita mensajes propios y no se limite a acomodarse a las conveniencias de los otros? ¿Por qué no? Y tenemos un recurso excepcional: la biprovincialidad, es decir, la creación de la provincia de Cartagena. Durante años esta reivindicación ha aparecido como algo nostálgico de no se sabía qué abstracto pasado, con ciertos ribetes pueblerinos no exentos de absurdo rencor hacia la pujanza capitalina. El presidente de la patronal cartagenera, Diego Illán, tuvo la inteligencia de replantearlo recientemente en positivo: la biprovincialidad es la mejor palanca para, en tiempos de autarquías regionales, potenciar políticamente a la Región de Murcia –a Cartagena, y también y principalmente a la Región de Murcia– sin salirse un milímetro de los raíles constitucionales. Murcia no quiere ser una nación, sino dos provincias, es decir, a los efectos: en vez de tener nueve diputados tendría once; en vez de tener cuatro senadores tendría ocho. ¿Por qué renunciar de antemano a esta posibilidad que, además y de paso, satisface un aliento histórico de esa ciudad? Se dirá: pero en la comarca el sentimiento de provincialidad no existe. ¿Y qué? ¿Existía entre la población catalana o en la andaluza el sentimiento de instauración nacional? Desde luego que no, pero ambas comunidades han reforzado sus estatutos incluso ante la indiferencia ciudadana. Aprendamos la lección: la política no es sólo una cuestión de sentimientos, sino de racionalidad, de pragmatismo. La biprovincialidad, ahora, es el único recurso que nos queda para que se equilibre el potencial económico y social de esta Región con el poder político que corresponde al mismo en el ámbito nacional.

Llega la hora de la reforma del Estatuto. El único modo de reforzar el poder de la Región ante el Estado es crear la provincia de Cartagena. No hacerlo sería un completo desperdicio.

Continuará.

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