Publicado en Economía Avanzada

El PSOE no se opondrá a la creación de la provincia de Cartagena, si así se desprende de una petición, en ese sentido, de la ralentizada por Valcárcel reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a tramitar y votar posteriormente como ley orgánica por las Cortes Generales, hoy con una mayoría progresista liderada por Zapatero.

El único inconveniente todavía es que esta ciudad encuentre suficiente territorio en el entorno, dispuesto a constituir, junto al hoy municipio de Cartagena, una nueva provincia que integrase a los circundantes de la comarca del Mar Menor y Campo de Cartagena, más el de Mazarrón en el Bajo Guadalentín, e incluso Águilas llegado el caso. Es decir, toda la fachada litoral de esta tierra que, de paso, también podría cambiar de nombre, si hay nueva provincia, y pasar a denominarse Región Murciana para evitar más equívocos, y agravios a terceros con identidad e historia propias y singulares dentro de ella, caso de Cartagena, Caravaca, Cehegín, Jumilla, Yecla o Lorca.

El Gobierno central tiene noticia de las aspiraciones cartageneras y ya ha propuesto a las autoridades locales, a través de su Delegación ante la Comunidad Autónoma, y concretamente a la alcaldesa de Cartagena, del PP, Pilar Barreiro, ir abriendo en la ciudad los mismos servicios que la Administración Periférica del Estado tiene en Murcia, como reconocimiento “de facto” a su virtual rango de población, y que ya fue capital de una provincia marítima antes de la definitiva división de España en 50 provincias, en 1834, que es la reconocida en la vigente Constitución y que también actúa como circunscripción electoral. Se estudia a un tiempo la idea de crear en Murcia capital una subdelegación del Gobierno, como ya existe en las regiones uniprovinciales de Madrid y Asturias, independientemente de si Cartagena logra, o no, su provincialidad en esta ocasión.

La idea del Gobierno es acostumbrar a los vecinos de los municipios circundantes a que acudan a Cartagena a solucionar problemas por los que hoy acuden a Murcia y así crear cierta identidad previa para no forzar en exceso la creación de la provincia. Lo que se pretende, pues, haya o no provincia de Cartagena finalmente, es desdoblar la administración estatal dentro de la Región de Murcia, tal que, como precedente legal, en Cádiz se ha hecho con Algeciras como capital de la comarca del Campo de Gibraltar, sin llegar a ser capital de provincia, y también, salvadas las diferencias, tal como funciona el Estado en todos nuestros territorios insulares de Baleares y Canarias, y antes de ser comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla. Como ejemplos cercanos ahí están el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, de carácter provincial, que tienen tanto Cartagena como Murcia. O la delegación de la Agencia Tributaria, también de rango provincial normalmente, que tiene Cartagena como si ya fuese capital de un territorio diferenciado. O la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, que siempre ha estado allí. Estas excepciones operativas de la Administración Central confirman la regla y su flexibilidad.

El problema radica en la división de opiniones dentro del PP regional. Mientras la mayoría del PP de Cartagena, con la excepción de gente como la alcaldesa, y otra vez candidata a la alcaldía, Pilar Barreiro, se muestra a favor (caso del presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán) empujado por el mundo económico local, un sector minoritario, conectado con Valcárcel y su núcleo de apoyo económico en Torre Pacheco, se muestra radicalmente en contra y tratará de sustraer la resolución del debate todo lo que pueda. Cuentan, además, con la oposición inicial a la provincia de Cartagena de los alcaldes del PP en Fuente Álamo, San Pedro, San Javier, San Pedro del Pinatar y, por supuesto, Torre Pacheco. Los alcaldes socialistas de La Unión y Los Alcázares, ambos en la cuerda floja de la no continuidad, se mantienen a la expectativa pero escépticos sobre las ventajas de estar tan cerca de una nueva capital de provincia.

El proceso propuesto generosamente por el Estado para Cartagena no es incompatible funcionalmente con que la Comunidad Autónoma de Murcia desarrolle en paralelo otro proceso de comarcalización por descentralización, previo o en vez de, la creación de la provincia de Cartagena si obtiene, o no, en la Asamblea Regional los votos suficientes como para incluirla en la reforma del Estatuto de Autonomía y luego esa reforma es aprobada o no, por las Cortes Generales, incluyendo la consiguiente reforma de la Constitución para que acoja los virtuales cambios que una nueva provincia implicaría en la Carta Magna, aparte de la creación de dos nuevas diputaciones provinciales y una subdelegación del Gobierno en aquella ciudad.

En cualquier caso, a partir de ahora, pase lo que pase, Madrid va a empezar a tratar a Cartagena con la importancia que, por población y economía, tiene, y la justicia que históricamente merece. Podríamos ser en España la primera región con dos capitales en la práctica si la segunda provincia la impiden con su voto las fuerzas retardatarias de siempre. Y la clase económica dirigente local exige un mayor equilibrio político dentro del territorio de esta Comunidad Autónoma.‘

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